Entre rejas
Las neurodivergencias en el sistema penitenciario
Soy Erik Aostri, doctor en neurofarmacología y autor de La revolución neurodivergente de Yonki Books. En este espacio me dedico a divulgar sobre neurodiversidad y otros temas que me interesan. ¡Únete a la revolución!
Hace ya algún tiempo, vi en la cuenta de Instagram de Yonki Books una preciosa iniciativa para llevar libros a los centros penitenciarios. Me pareció una gran idea, no solo por el ideal romántico de libertad asociado a la lectura, sino también porque la mayoría de esos libros habla de hábitos y conductas que a muchos de ellos les resultarán familiares. En cualquier caso, recordé un tema que lleva tiempo cogiendo polvo en mi blog de notas: las neurodivergencias y el sistema de justicia.
¿Quién va a la cárcel?
No creo que sea ninguna sorpresa para nadie si digo que las neurodivergencias están sobrerrepresentadas en las instituciones penitenciarias. Pero hablemos de cifras.
Según un estudio realizado en un centro correccional de Escocia, en el que se entrevistó a 392 varones que cumplían condena allí, el 32 % presentaba al menos una neurodivergencia. Concretamente, un 25 % cumplía los criterios diagnósticos de TDAH, un 9 % de autismo y otro 9 % de discapacidad intelectual (Young et al., 2018).
Un informe redactado por el inspector jefe de prisiones del Reino Unido en 2021, «Neurodiversity in the Criminal Justice System» [«Neurodiversidad en el sistema de justicia criminal»], sugiere que es posible que la mitad de las personas que ingresan en prisión «puedan presentar algún tipo de trastorno neurodivergente […]».
En un metaanálisis publicado en 2015, que incluía únicamente artículos en inglés posteriores a 1980, se encontró que la prevalencia del TDAH se multiplica por cinco en la población reclusa juvenil (30,1 %) y por diez en la población reclusa adulta (26,2 %) (Young et al., 2015). En esa misma línea, en la prisión de Norrtälje (Suecia), un 40 % de los reclusos de larga duración cumplía criterios clínicos del TDAH (Ginsberg et al., 2010). No obstante, solo un 5 % contaba con un diagnóstico.
En cuanto al ratio por sexo, la proporción de varones en el sistema penitenciario suele ser mayor al 90 %. Quizá por esa razón los estudios con mujeres son escasos. Uno reciente, basado en datos de las 12 prisiones femeninas de Inglaterra y Gales, indica que la prevalencia de autismo en prisiones de mujeres es 13,7 veces mayor que en la población general (Payne y Gooding, 2025).
«Los rasgos autistas constituyen un factor de riesgo independiente para el encarcelamiento (Peraire et al., 2023)».
¿Y en España? La realidad es que no sabemos cuántas personas autistas o TDAH hay en prisión en estos momentos. Entre las condiciones del neurodesarrollo, la única que ha sido estudiada de forma relativamente sistemática en España es la discapacidad intelectual. Un estudio de la red de juristas de Plena Inclusión sobre personas con discapacidad intelectual o algún tipo de condición del desarrollo señaló que aproximadamente el 6,5 % de la población reclusa presentaba discapacidad intelectual, una prevalencia muy superior a la población general (alrededor del 1 %). Además, el estudio destacaba que cerca del 70 % de estas personas llegaban al sistema penitenciario sin que su discapacidad hubiera sido detectada previamente.
Con base en un estudio promovido por el CERMI y publicado en 2008, la población penitenciaria discapacitada suponía en 2007 un 4 % del total, y la mitad se correspondía a personas con discapacidad intelectual y/o alguna condición psiquiátrica. No obstante, esta cifra no ha parado de crecer desde entonces. Datos aportados por los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción a finales de 2017 indicaban que el 9,5 % de la población reclusa total (50 584) de la Administración General del Estado (excepto Cataluña) presentaba alguna discapacidad. Dentro del total de personas discapacitadas, el 33 % presentaba discapacidad psíquica (1 603), el 7 % presentaba discapacidad intelectual (339), la discapacidad física y orgánica suponía el 28 % del total (1 356), la discapacidad sensorial constituía el 2 % de la población discapacitada (114) y las personas que presentaban multidiscapacidad completaban el 29 % restante (1 411).
Sospechoso habitual
Históricamente, la sociedad ha interpretado este tipo de tendencias de manera unidireccional, adjudicando una supuesta peligrosidad a toda persona con un diagnóstico psiquiátrico. Lo de siempre, el loco o la loca peligrosa. Sin embargo, la sobrerrepresentación no demuestra que las personas neurodivergentes tengan mayor propensión criminal, sino que existe una interacción compleja entre vulnerabilidad social, falta de apoyos, sesgos institucionales y respuestas penales inadecuadas.
Da igual en qué parte del mundo mires, si hay una cárcel, habrá una sobrerrepresentación de personas neurodivergentes en ella.
Diversos informes y documentos de buenas prácticas hablan de la inadaptación de las personas autistas o atencionalmente divergentes, de ahí su mayor prevalencia en las cárceles. Sin embargo, los datos nos dicen que las personas autistas partimos desde una posición vulnerable debido a los prejuicios. Así, muchos rasgos autistas son vistos como sospechosos:
La mirada evitativa
Dar respuestas que no responden a la pregunta o cambiar de tema. En general, las preguntas abiertas, típicas de los interrogatorios, generan confusión
Con el estrés, las habilidades sociales pueden disminuir
Respuestas secas o con una falta de emotividad que el interlocutor interpreta como sospechosas
No captar la ironía o el subtexto de ciertas preguntas o escenarios
La «técnica del policía bueno» puede generar falsos testimonios ante la confianza fingida y cierta complacencia aprendida.
Otro aspecto clave que señalan varios estudios, y en el que las personas autistas no tenemos mucho éxito, es la capacidad de defenderte señalando aquellos aspectos que tradicionalmente generan una coartada o te dan credibilidad.
Veamos dos ejemplos en forma de estudios:
Estudio 1. Adultos autistas y neurotípicos se veían involucrados en varios escenarios ficticios en los que la policía creía erróneamente que habían cometido un delito. Cada situación contenía información crítica que, si se reconocía y se proporcionaba a la policía, confirmaría la no participación en el delito. Los adultos autistas obtuvieron resultados notablemente peores que los controles en la toma de perspectiva y en la tarea de extracción de la información (Young et al., 2020).
Estudio 2. 32 adultos autistas y 33 adultos no autistas (de la misma edad y cociente intelectual) fueron puestos en un escenario hipotético de robo, en el que se les asignó una condición de «inocente» o «culpable». En una posterior entrevista policial simulada, se pidió a los sospechosos inocentes que dijeran la verdad sobre lo que habían hecho, mientras que a los sospechosos culpables se les pidió que mintieran para convencer al entrevistador de su inocencia. En las entrevistas simuladas, los sospechosos autistas inocentes proporcionaron menos detalles que respaldaran su inocencia que los sospechosos no autistas. En los cuestionarios posteriores a la entrevista, los sospechosos autistas inocentes y culpables declararon tener más dificultades para comprender las preguntas de la entrevista, mayor ansiedad y percibieron la entrevista como menos favorable que la de los participantes no autistas (Bagnall et al., 2023).
Todos estos datos no implican que, por el mero hecho de ser autistas, seamos seres de luz, inocentes e incapaces de mentir, sino que no se está asegurando una defensa justa ni una igualdad de derechos frente a la ley.
¿Cómo es el trato?
Las investigaciones existentes sugieren que las personas discapacitadas son entre 4 y 10 veces más propensas a ser víctimas de delitos (Fuente: CDC) que aquellas sin discapacidad. Por ejemplo, en una muestra de 225 mujeres autistas reclutadas online, 9 de cada 10 habían sido víctimas de algún tipo de violencia sexual (Cazalis et al., 2022).
Según encuestas realizadas a policías anglosajones, los agentes de policía presentan importantes carencias a la hora de tratar con personas autistas. En concreto, la muestra estadounidense reveló que los agentes de policía tendían a percibirse a sí mismos como competentes cuando quizá no lo eran. Ninguno de los encuestados en este estudio había recibido formación por parte del servicio policial que le capacitara para interactuar eficazmente con personas autistas (Chown, 2010).
¿Cuál es el resultado? En Australia, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 12 adultos autistas y a 19 progenitores que recordaban haber interactuado con la policía en los últimos cinco años (Gibbs et al., 2023).
Los adultos autistas describieron multitud de casos de trato injusto por parte de la policía y muchos de ellos ya no confiaban en ella.
Por último, la otra pata del sistema judicial, el penitenciario, tampoco está adaptada. Nos acojamos a la cifra que nos acojamos, el hecho es que una parte nada desdeñable de la población penitenciaria tendrá dificultades sensoriales, recibirá violencia capacitista y no se beneficiará de todos sus derechos como reo.
Por no hablar del impacto que la privación de libertad y la ruptura de la rutina pueden tener en la ansiedad, depresión y estrés postraumático, que son tan habituales en la población autista.
No pretendo ser paternalista; la neurodivergencia y la delincuencia no son excluyentes, pero no por ello se deberían perder los derechos de accesibilidad cognitiva y apoyos.
Conclusiones
Debido al marco capacitista que rige los poderes policiales y a la incapacidad general para comprender el comportamiento y la comunicación neurodivergentes, existe un mayor potencial de que dichos poderes se utilicen en exceso contra las personas en el espectro y las neurodivergentes. Además, las interacciones con la autoridad de turno pueden causar angustia y confusión, y es más probable que se recurra al uso de poderes policiales (e incluso a la criminalización).
Se necesitan cambios significativos tanto en la formación y los conocimientos de los agentes como en el marco normativo que regula sus poderes; de lo contrario, seguirá existiendo un riesgo significativo de un trato inadecuado y criminalización de las personas neurodivergentes.
En España, el Centro Español sobre Trastorno del Espectro del Autismo señala que una de las principales barreras para el acceso a la justicia de las personas autistas es la falta de conocimiento sobre el autismo por parte del personal que interviene en el sistema judicial. En respuesta a esta situación, en los últimos años se han impulsado diversas iniciativas de formación. En 2020, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial firmó un convenio de colaboración con Autismo España para formar a jueces y magistrados en las necesidades específicas de las personas autistas. La propia existencia de estas iniciativas constituye un reconocimiento institucional de que la formación en esta materia es insuficiente.
Dicho esto, el cambio normativo y la formación del personal policial constituyen únicamente una parte del pastel.
La sociedad convierte a la otredad en criminal por dos vías: primero, marginándola y llevándola a situaciones límite; y, en segundo lugar, prejuzgándola. Y viceversa.
En un par de semanas termina la campaña de crowdfunding en Goteo del número final de la revista autista y, con ello, una de las últimas oportunidades de conseguirla. ¡Aprovecha los últimos días!
¡Nos vemos en septiembre!
Bibliografía
Bagnall, R., Cadman, A., Russell, A., Brosnan, M., Otte, M., & Maras, K. L. (2023). Police suspect interviews with autistic adults: The impact of truth telling versus deception on testimony. Frontiers in psychology, 14, 1117415. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1117415
Cazalis, F., Reyes, E., Leduc, S., & Gourion, D. (2022). Evidence That Nine Autistic Women Out of Ten Have Been Victims of Sexual Violence. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 16, 852203. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2022.852203
CDC. (2025, April 14). Disability, Health, and Well-being. Disability and Health. https://www.cdc.gov/disability-and-health/health-well-being/
Chown, N. (Nick). (2010). ‘Do You Have Any Difficulties That I May Not Be Aware of?’ A Study of Autism Awareness and Understanding in the UK Police Service. International Journal of Police Science & Management, 12(2), 256-273. https://doi.org/10.1350/ijps.2010.12.2.174 (Original work published 2010)
Gibbs, V., Love, A. M. A., Cai, R. Y., & Haas, K. (2021). Police interactions and the autistic community: perceptions of procedural justice. Disability & Society, 38(9), 1608–1625. https://doi.org/10.1080/09687599.2021.2007359
Ginsberg, Y., Hirvikoski, T., & Lindefors, N. (2010). Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) among longer-term prison inmates is a prevalent, persistent and disabling disorder. BMC psychiatry, 10, 112. https://doi.org/10.1186/1471-244X-10-112
Ginsberg, Y., Hirvikoski, T., & Lindefors, N. (2010). Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) among longer-term prison inmates is a prevalent, persistent and disabling disorder. BMC psychiatry, 10, 112. https://doi.org/10.1186/1471-244X-10-112
Young, S., Moss, D., Sedgwick, O., Fridman, M., & Hodgkins, P. (2015). A meta-analysis of the prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in incarcerated populations. Psychological medicine, 45(2), 247–258. https://doi.org/10.1017/S0033291714000762
Young, S., González, R. A., Mullens, H., Mutch, L., Malet-Lambert, I., & Gudjonsson, G. H. (2018). Neurodevelopmental disorders in prison inmates: comorbidity and combined associations with psychiatric symptoms and behavioural disturbance. Psychiatry research, 261, 109–115. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.12.036
Young, R. L., & Brewer, N. (2020). Brief Report: Perspective Taking Deficits, Autism Spectrum Disorder, and Allaying Police Officers’ Suspicions About Criminal Involvement. Journal of autism and developmental disorders, 50(6), 2234–2239. https://doi.org/10.1007/s10803-019-03968-4
Payne, K. L., & Gooding, E. (2025). Short report: Prison-reported rates of autism in female prisons in England. Autism : the international journal of research and practice, 29(1), 265–270. https://doi.org/10.1177/13623613241275477
Peraire, M., Cantos, P., Sampedro-Vidal, M., Bonet-Mora, L., & Arnau-Peiró, F. (2023). Characterization of autism spectrum disorder inside prison. Revista española de sanidad penitenciaria, 25(1), 30–39. https://doi.org/10.18176/resp.00064
Smith, T. (2022). Caught in the net. Routledge EBooks, 100–120. https://doi.org/10.4324/9781003143321-7



Gracias por poner de manifiesto este drama, porque lo es. Desconocía porcentajes pero estaba segura de esto, tiene sentido que sea así. La ignorancia en la Sanidad Pública sobre Neurodivergencias sobre todo en adultos es vergonzoso. Lo que no se conoce no se puede diagnosticar, ni dar apoyos. Se abandona a su suerte a personas con dificultades para manejarse en la vida y se les juzga con una mirada errónea. Estoy convencida de que pasa lo mismo con los indigentes. Sabes si existen estudios? Al no estar institucionalizados...
Justo hablábamos mi marido y yo sobre este tema, sin tener números, ni estudios. Y aquí lo expones.
Nuestras conclusiones no fueron diferentes.
Gracias por compartir ♾️